Éste es el resumen del informe de HRW:
El cambio en la titularidad del gobierno producido en 2006 -cuando Fidel Castro transfirió el control a su hermano Raúl- ha tenido un impacto muy limitado en la deficiente situación de los derechos humanos en Cuba. Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político. El gobierno continúa imponiendo el consenso político a través de procesos penales, detenciones breves y a largo plazo, hostigamiento, denegación de empleo y restricciones de viaje.
Raúl Castro ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e institucionales represivas de Cuba. Si bien la ley cubana incluye declaraciones amplias que reconocen los derechos fundamentales, también concede a los funcionarios una extraordinaria discreción para penalizar a las personas que intentan ejercerlos. El artículo 62 de la Constitución prohíbe expresamente a los cubanos ejercer sus derechos básicos cuando son contrarios a los "fines del Estado socialista".
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Restricciones para viajar y separaciones familiares
El gobierno de Cuba prohíbe a sus ciudadanos tanto salir de Cuba como regresar al país sin obtener antes un permiso oficial, el cual suele ser denegado. Por ejemplo, a Juan Juan Almeida García se le ha denegado el derecho a salir de Cuba para recibir tratamiento médico por una enfermedad degenerativa poco común (para la cual no existe tratamiento en la isla) desde 2003. Almeida ha solicitado varias veces cada año -incluso en 2009- que se le permita salir de Cuba, pero todas sus solicitudes han sido denegadas sin explicación. Como resultado de no haber recibido tratamiento, su salud se ha deteriorado considerablemente. Viajar sin autorización puede dar lugar a un proceso penal.
El gobierno niega frecuentemente a los ciudadanos con autorización para viajar la posibilidad de llevar a sus hijos al extranjero, y de este modo mantiene a los niños como rehenes para garantizar el retorno de los padres. Dado el temor general a la separación forzosa de familiares, estas restricciones para viajar le proporcionan al gobierno cubano una poderosa herramienta para castigar a los desertores y silenciar a los críticos.
El gobierno también está adoptando fuertes medidas contra el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba, mediante la aplicación más enérgica de la ley de 1997 conocida como Decreto 217. Este decreto, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país.
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