Washington, 18 nov (EFE).
El Gobierno cubano ha cambiado de manos, pero mantiene una vieja "maquinaria represiva" con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la "ley de peligrosidad", encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados.
Esa es la principal denuncia que se desprende de un análisis divulgado hoy por Human Rights Watch (HRW), en su primera evaluación sobre la situación en Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl en julio de 2006 y la Asamblea Nacional lo eligiera presidente el 24 de febrero de 2008.
(...)
El informe de 60 páginas, titulado "Un nuevo Castro, la misma Cuba", se apoya en más de 60 entrevistas realizadas entre junio y julio pasado con diversos actores de la sociedad civil en siete de las 14 provincias de la isla, y no tuvo la venia del Gobierno.
HRW destacó la llamada "ley de peligrosidad", "la más orwelliana de todas las leyes cubanas" y con la que, con claros fines políticos, el Gobierno encarcela a personas antes de que hayan cometido un delito, con la sospecha de que "puedan cometerlo en el futuro".
Esa ley, precisó HRW, señala como actividades antigubernamentales manifestaciones pacíficas, escribir artículos duros contra el Gobierno, entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e intentar organizar sindicatos independientes.
(...)
Frente a esa situación, la organización afirmó que la comunidad internacional debe ejercer la "presión necesaria" para efectuar cambios en la isla, algo que, a su juicio, no existe ni desde América Latina, Estados Unidos, Canadá o Europa.
HRW reiteró que el embargo de EE.UU. solo ha conseguido aislar a Washington y que el Gobierno de Castro lo utilice como excusa.
Recomendó que la comunidad internacional dé un plazo de seis meses para la liberación de los presos políticos y evalúe posibles medidas punitivas contra los líderes cubanos si el Gobierno no cumple con esos requisitos.
Esas medidas podrían incluir congelación de bienes y la suspensión de nuevas inversiones extranjeras en la isla.
El informe se produce en momentos en que grupos a favor y en contra del embargo miden fuerzas en el Congreso de EE.UU., que sopesa una ley para levantar las restricciones de viaje a Cuba para los estadounidenses.
Mientras continúe el embargo, "el Gobierno de Castro continuará manipulando la política de EE.UU." para presentarse como un "David latinoamericano que se enfrenta ante el Goliath estadounidense", advirtió HRW.
Toda la noticia aquí.
El Gobierno cubano ha cambiado de manos, pero mantiene una vieja "maquinaria represiva" con la que continúa violando los derechos humanos y, escudándose en la "ley de peligrosidad", encarcela a personas que intentan ejercer sus derechos y, en algunos casos, hasta a los desempleados.
Esa es la principal denuncia que se desprende de un análisis divulgado hoy por Human Rights Watch (HRW), en su primera evaluación sobre la situación en Cuba desde que Fidel Castro transfiriera el control del Gobierno a su hermano Raúl en julio de 2006 y la Asamblea Nacional lo eligiera presidente el 24 de febrero de 2008.
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El informe de 60 páginas, titulado "Un nuevo Castro, la misma Cuba", se apoya en más de 60 entrevistas realizadas entre junio y julio pasado con diversos actores de la sociedad civil en siete de las 14 provincias de la isla, y no tuvo la venia del Gobierno.
HRW destacó la llamada "ley de peligrosidad", "la más orwelliana de todas las leyes cubanas" y con la que, con claros fines políticos, el Gobierno encarcela a personas antes de que hayan cometido un delito, con la sospecha de que "puedan cometerlo en el futuro".
Esa ley, precisó HRW, señala como actividades antigubernamentales manifestaciones pacíficas, escribir artículos duros contra el Gobierno, entregar copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e intentar organizar sindicatos independientes.
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Frente a esa situación, la organización afirmó que la comunidad internacional debe ejercer la "presión necesaria" para efectuar cambios en la isla, algo que, a su juicio, no existe ni desde América Latina, Estados Unidos, Canadá o Europa.
HRW reiteró que el embargo de EE.UU. solo ha conseguido aislar a Washington y que el Gobierno de Castro lo utilice como excusa.
Recomendó que la comunidad internacional dé un plazo de seis meses para la liberación de los presos políticos y evalúe posibles medidas punitivas contra los líderes cubanos si el Gobierno no cumple con esos requisitos.
Esas medidas podrían incluir congelación de bienes y la suspensión de nuevas inversiones extranjeras en la isla.
El informe se produce en momentos en que grupos a favor y en contra del embargo miden fuerzas en el Congreso de EE.UU., que sopesa una ley para levantar las restricciones de viaje a Cuba para los estadounidenses.
Mientras continúe el embargo, "el Gobierno de Castro continuará manipulando la política de EE.UU." para presentarse como un "David latinoamericano que se enfrenta ante el Goliath estadounidense", advirtió HRW.
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