WASHINGTON — El gobierno de Cuba siguió negando a sus ciudadanos derechos humanos básicos, mientras que en Venezuela hubo un incremento del acoso a los medios y a la oposición, denunció este jueves un informe anual de Estados Unidos.
En el informe emitido por el Departamento de Estado, el gobierno de Barack Obama también criticó las violaciones de derechos humanos en Honduras por parte del régimen de facto que se instaló tras el golpe de Estado en junio de 2009.
En Cuba, el régimen castrista "continuó negando a sus ciudadanos sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a cambiar su gobierno, y cometió numerosos y serios abusos", indicó el informe, que evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo.
Entre las violaciones del gobierno cubano, el informe enumeró acoso, golpizas y amenazas contra opositores por parte de agentes del Estado; detención arbitraria de defensores de derechos humanos; y falta de procesos judiciales justos.
Asimismo, según Washington en Cuba se limitó la libertad de expresión, de movimiento y de profesión religiosa, las autoridades monitorearon comunicaciones privadas y negaron el reconocimiento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
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En el informe emitido por el Departamento de Estado, el gobierno de Barack Obama también criticó las violaciones de derechos humanos en Honduras por parte del régimen de facto que se instaló tras el golpe de Estado en junio de 2009.
En Cuba, el régimen castrista "continuó negando a sus ciudadanos sus derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a cambiar su gobierno, y cometió numerosos y serios abusos", indicó el informe, que evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo.
Entre las violaciones del gobierno cubano, el informe enumeró acoso, golpizas y amenazas contra opositores por parte de agentes del Estado; detención arbitraria de defensores de derechos humanos; y falta de procesos judiciales justos.
Asimismo, según Washington en Cuba se limitó la libertad de expresión, de movimiento y de profesión religiosa, las autoridades monitorearon comunicaciones privadas y negaron el reconocimiento de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
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