El derecho a entrar y salir libremente del país ha sido expropiado por una élite política autoritaria y represiva.
Haroldo Dilla, Santo Domingo 13/05/2009
Hace menos de dos años, le preguntaron a Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro de la élite política, si no sería conveniente permitir que los cubanos viajaran con libertad. El dirigente respondió, en el mejor estilo de Tres Patines, que si existiera ese derecho el cielo se llenaría de aviones que chocarían unos con otros provocando un gran desastre.
Poco después, el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, el escritor Miguel Barnet, afirmó que en la Isla existe total libertad para viajar, y que un ejemplo de ello es que él mismo ha viajado a una treintena de países. No dijo Barnet que aspiraba a seguir haciéndolo y que, para ello, debía portarse muy bien, aun a riesgo del descrédito absoluto.
La complicidad implícita en las declaraciones se extiende a buena parte del campo intelectual, incluyendo a muchos "progresistas" y "reformistas", cuyas poses críticas tanto gustan a los corresponsales extranjeros en La Habana.
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Categorías de viajeros
La realidad cubana es, en cuanto a la libertad para viajar, muy lamentable, una flagrante violación de los derechos civiles.
Ante todo, para los cubanos, viajar no es un derecho, sino un privilegio que se otorga y se retira. Una concesión de un poder inapelable y sin un marco jurídico definido.
En Cuba hay tres maneras de viajar al extranjero:
1- Con un estatus excepcional, que permite entrar y salir del país casi libremente: Lo disfrutan algunas personas que se han casado con extranjeros (no todas) y miembros prominentes de la élite política, intelectual o sus familiares. Debería ser el estatus normal, pero es una posibilidad otorgada selectivamente, a muy pocos ciudadanos, anulable si el beneficiado muestra algún tipo de comportamiento político que el gobierno desaprueba.
2- Por misiones oficiales: para funcionarios, académicos, médicos, artistas, periodistas y técnicos, entre otros. Quienes viajan de esta forma necesitan que una institución gubernamental autorice la salida.
Si algún ciudadano en viaje oficial decide no regresar a la Isla —"se queda"—, pierde todos sus derechos, no puede volver al país en varios años (hasta cinco) y el gobierno puede obstaculizar la salida de miembros de su familia.
Huelga anotar que si un académico o funcionario se muestra particularmente crítico durante algún viaje, es posible que no se le permita salir nuevamente del país en largo tiempo.
3- En viajes privados, que pueden ser de dos tipos: El primero, por salida "definitiva", se aplica a los ciudadanos que emigran. Estas personas no pueden regresar a vivir en Cuba y pierden todos sus derechos y propiedades en la Isla. El segundo es el caso de quienes sólo aspiran a viajar temporalmente. Estos pueden estar fuera del país hasta 11 meses, tras los cuales deben regresar o se convierten en "emigrantes definitivos".
Todas las salidas deben ser autorizadas por el Ministerio del Interior y, en el caso de los viajes privados, por la institución donde la persona trabaja o trabajó por última vez.
Existen categorías de profesionales —los médicos, por ejemplo— que no pueden viajar por la vía privada. El gobierno suele poner también impedimentos a los disidentes.
El caso más dramático conocido es quizá el de la neurocirujana Hilda Molina, a quien La Habana niega desde hace más de una década la posibilidad de reunirse con su hijo y conocer a sus nietos, residentes en Argentina.
Algo particularmente negativo es que las personas que viajan por 11 meses no pueden llevar a sus hijos menores con ellos. Esto sólo es posible si se emigra "definitivamente".
Los viajes no oficiales implican gastos considerables (carta de invitación, pasaporte, permiso de salida), que pueden llegar a ser superiores a los 500 dólares, una suma inmensa en un país donde el salario medio es de algo más de diez dólares.Una vez en el país de destino, los ciudadanos deben pagar a la embajada cubana correspondiente una suma variable por cada mes de permanencia en el exterior, que oscila entre 150 y 40 dólares.
